El Senador Cirilo Tirado Rivera, portavoz del PPD en la Comisión de Hacienda del Senado, levantó su voz de alerta sobre los trabajos que realizará el Comité de Reforma Contributiva que designó el Gobernador.
En su mensaje del pasado lunes, el Gobernador anunció la creación de un Comité para trabajar en la legislación relacionada con la reforma contributiva que alegadamente será presentada este año ante la Asamblea Legislativa. Vemos que un año más tarde anuncia la creación de un Comité para encaminar el compromiso de hacerle justicia a la clase trabajadora, de una encomienda que se había comprometido iniciar en el 2009”, reclamó el Senador Popular.
Tirado Rivera, enfatizó que levanta muchas interrogantes el hecho de que en el creado Comité de la Rama Ejecutiva, con la participación de los Presidentes de la Comisiones legislativas de Cámara y Senado, para redactar la legislación que viabilizará la propuesta de reforma contributiva. Las vistas públicas legislativas parecerán proforma y a la trágala como la Ley 7, utilizando como excusa la participación de estos legisladores del PNP.
"Vemos que excluyen a las minorías de este Comité y anticipamos que cuando llegue la medida a la Asamblea Legislativa la mayoría parlamentaria hará lo mismo que hizo con el apresurado y antidemocrático proceso de la nefasta Ley 7 que fue aprobada luego de un solo día de vista pública conjunta de Cámara y Senado. La Reforma Contributiva es un asunto serio y delicado, que es fundamental para la estabilidad financiera de nuestro gobierno a la vez que busca otorgar un verdadero alivio al bolsillo de la ya agobiada clase trabajadora, que no se puede despachar sin un análisis serio y ponderado. La Asamblea Legislativa no puede convertirse en un sello de goma de las improvisaciones de Fortuño que ya bastante caro la han salido al pueblo", sentenció el Portavoz popular de la Comisión de Hacienda.
Tirado Rivera, recalcó que más preocupante aún es el hecho de que este Comité está dirigido por Xenia Vélez, quien fuera miembro del controversial CAREF que fue la entidad que promovió las iniciativas de la Ley 7 que culminaron en 13 nuevos impuestos al pueblo, en el plan de cesantías de sobre 25 mil empleados públicos y en el desenfrenado patrón de préstamos de sobre $6,500 millones en tan sólo un año de la administración Fortuño.
"Con este pedigrí de la Sra. Vélez, no le veo mucho futuro a iniciativas que verdaderamente alivien el bolsillo de la clase trabajadora, por lo que se hace indispensable un análisis minucioso de la propuesta de reforma contributiva en la Asamblea Legislativa,” acotó.
El Senador Alejandro García Padilla solicitó al Gobernador Luis Fortuño que asigne los recursos de la Guardia Nacional que serán activados a raíz de la ola criminal, a labores de vigilancia preventiva para combatir la entrada ílegal de drogas y armas a la Isla a los fines de maximizar la experiencia, entrenamiento y destrezas de estos recursos.
García Padilla manifestó que, aunque la actúal administración no ha podido precisar el costo de la activación de la Guardia Nacional, el utilizarla para prevenir la entrada de materiales ilegales a la Isla, resulta más efectivo, ya que se ha reconocido que el trasiego de drogas y armas es un elemento médular de la actividad criminal en Puerto Rico.
“El Gobernador tiene que procurar que los recursos del Estado se utilicen de la mejor manera posible. Esa es su responsabilidad. Si se va a hacer el desembolso para mantener a la Guardia Nacional activa, tiene que hacerse de manera responsable y garantizando que el gasto del erario tendrá resultados positivos para el País. Definitivamente en labores de prevención para combatir la entrada de drogas y armas, rinde un mejor servicio al País”, indicó el Senador.
La portavoz del PPD en la Comisión de Educación en el Senado, Sila Mari González, junto al portavoz José Luis Dalmau y otros legisladores, refirieron al gobernador, Luis Fortuño, una serie de propuestas radicadas para atender las necesidades reales del sistema de educación pública en el País.
La iniciativa de la senadora surge luego que el Gobernador Fortuño no presentara ninguna medida concreta para mejorar la educación durante su Mensaje de Situación del Estado del País.
"Luego de un año de improvisación en el Departamento de Educación, con cambios de Secretario y todo tipo de atropellos contra empleados y maestros, Fortuño presentó como su gran logro el haber sacado al Departamento del borde de una sindicatura, cuando fueron precisamente las ejecutorias de su Administración las que provocaron que llegáramos al punto de una posible congelación de las ayudas federales y la clasificación de jurisdicción de alto riesgo", sentenció González Calderón asegurando que todavía la amenaza de los federales está vigente.
"El País ya ha esperado un año completo, para que se atiendan los problemas existentes en el sistema de educación pública. El Gobernador en su primer mensaje tan siquiera tocó el tema, y esta vez, en lugar de comunicarle al Pueblo un plan específico para encaminar al Departamento de Educación, sólo presentó un discurso genérico y sin sustancia. Mientras tanto, la situación en la infraestructura de los planteles persiste, los estudiantes continúan abandonando la escuela, los maestros están sin materiales, y los niños de educación especial siguen sin recibir los servicios", subrayó la senadora. González Calderón criticó que, a más de un año de Fortuño haber asumido la gobernación, aún no tenga un plan en concreto para atender la educación en el País. Además recordó que en meses recientes el Gobernador anunció un comité presidido por el ex-Secretario de Educación, Carlos Chardón, para esbozar una política pública en el Departamento. "Eso es otra muestra de que a estas alturas todavía no tienen un plan", señaló.
Además, la senadora popular destacó que se ve la falta de seriedad de este Gobierno cuando por un lado el Gobernador habla de un proyecto musical, y por otro lado, en la nueva Carta Circular no se garantiza las clases de bellas artes a nivel elemental en las escuelas, al no exigir que estén los recursos y los maestros.
Entre algunas de las medidas presentadas por la delegación popular, y que serán referidas al Gobernador, González Calderón mencionó una medida de su autoría para crear una Comisión Especial Conjunta entre Cámara y Senado, para analizar a fondo la Ley Orgánica del Departamento de Educación junto al magisterio, las organizaciones profesionales y sindicales y demás personas con conocimiento, y encaminar una transformación del sistema educativo.
También, el Proyecto del Senado 1369 presentado por la delegación popular, para crear el "Fondo de Mejoras Infraestructurales de Escuelas Públicas" en el Banco Gubernamental de Fomento como un fondo especial, el cual será administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura para sufragar la infraestructura de las escuelas públicas de Puerto Rico y la adquisición de equipo escolar.
Asimismo, está presentado el Proyecto de la Cámara 1669 de la delegación PPD para establecer el "Fondo Permanente para el Fortalecimiento de la Educación en Puerto Rico", adscrito al Banco Gubernamental de Fomento, para maximizar la investigación, la creación y la diseminación del conocimiento, garantizar el diseño, desarrollo y el fortalecimiento de la infraestructura de las escuelas públicas de Puerto Rico, quebrantar las limitaciones existentes para la adquisición de equipo escolar en estos centros de estudio; ampliar y promover los derechos de los estudiantes con impedimentos; y para otros fines.
El senador popular Eder E. Ortiz Ortiz y la representante Carmen Yulín Cruz, denunciaron un esquema creado para realizar despidos políticos en la Autoridad de Carreteras y Transportación, (ACT), dirigido contra empleados reclutados a partir del año 2001. Los Legisladores explicaron que aunque el Secretario Rubén Hernández Gregorat presentó en los pasados meses una ACT saludable ante un grupo de inversionistas, firmó el pasado 19 de enero de 2010, la Resolución Número 2010-01, dejando sin efecto resoluciones anteriores que reconocían ciertos derechos a los empleados tales como el derecho de reinstalación, traslados y reclutamiento de empleados provenientes de otras agencias, corporaciones públicas o municipios.
“Esta acción del Secretario del DTOP es una claramente discriminatoria y malintencionada que lo que busca es perseguir políticamente a personas reclutadas por administraciones del Partido Popular y despedir cerca de 1,000 empleados adicionales a los 30,000 ya despedidos. Toda vez que la Ley 7 no aplica a Corporaciones Públicas, están buscando medios alternos para continuar con los despidos. Si la ACT estaba tan saludable financieramente como el Secretario aseguró en la convención de las APP, tiene que explicar por que está acomodando las fichas para despedir empleados. Es obvio que su motivación es una política”, indicó el Senador Ortiz.
Por su parte, la representante Carmen Yulín Cruz fue enfática en que las resoluciones que fueron anuladas son totalmente válidas en derecho, al igual que los traslados que se hayan efectuado de municipios a la ACT ya que están cobijados bajo las disposiciones establecidas en la “Ley de Municipios Autónomos”, la cuál establece que se podrán efectuar traslados de agencias de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los municipios y viceversa, normativa que fue validada el 1 de marzo de 1993 mediante opinión emitida por el Secretario de Justicia de entonces Pedro R. Pierluisi.
"El Secretario de DTOP, Hernández Gregorat ha interpretado a su conveniencia las normas de personal para cumplir con las órdenes de Fortaleza de limpiar la casa de empleados en su mayoría identificados con el Partido Popular. Esta nueva modalidad de despidos hay que cortarla de raíz pues convierte a la ACT en laboratorio para despidos ilegales y de corte político" expreso Carmen Yulín.
Tal y como está sucediendo en la población general, el Senador Alejandro García Padilla dio a conocer que el P del S 890 continua ganando adeptos en la cámara alta. García Padilla indicó que la medida, que busca se atienda la problemática de las drogas desde un punto de vista salubrista para tratar a los adictos, está recibiendo el respaldo de sus compañeros en el Senado. El proyecto radicado por García Padilla originalmente, ya cuenta con los senadores Larry Seilhammer, Jose Luis Dalmau, Eder Ortiz, Jorge Suárez, Carmelo Ríos (Presidente de la Comisión de Gobierno) y Angel “Chayanne” Martínez (Presidente de la Comisión de Salud) como co-autores. Igualmente en la Cámara de Representantes, Luis Raul Torres radicó medidas dirigidas al mismo fin.
El Senador manifestó que “ya es hora de que el País se mueva a buscar soluciones distintas a las que se han estado implementando y que evidentemente no han funcionado. La idea es tratar a los adictos como lo que son, personas enfermas que necesitan tratamiento, no cárcel. Hay que continuar la lucha contra los distribuidores y vendedores de drogas, mientras le quitamos la clientela al medicar y sacar de los puntos a los adictos. Exhorto a otros compañeros del Senado a que se unan a esta medida”.
El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Ríos, junto a un grupo de Legisladores Populares, le refirió al gobernador Luis Fortuño, un paquete de medidas y propuestas para solucionar los problemas del País.
El presidente de PPD Héctor Ferrer denunció hoy que el gobernador Luis Fortuño no logró completar las 30 propuestas principales que ofreciera ante el país durante en sus dos mensajes anteriores, por lo que señaló que el Primer Ejecutivo carece de credibilidad para volver a presentarse ante el país con un nuevo catálogo de promesas.
Asimismo, el Presidente del PPD emplazó a Fortuño a que utilice el mensaje de mañana para anunciar medidas que liberen el bolsillo de la clase media y que restituyan a los 24,500 empleados públicos que fueron despedidos durante el pasado año.
El Presidente del PPD presentó un análisis detallado de los dos mensajes previos ofrecidos por el Primer Ejecutivo durante el año 2009 ante la Asamblea Legislativa. Del mismo se desprende que de las 30 medidas o propuestas principales que Fortuño presentó en sus alocuciones, ninguna de ellas se culminaron o tuvieron el resultado esperado.
Escuche el debate del representante y presidente del PPD, Héctor Ferrer antes de votarle en contra a la medida: oprima sobre lectura extendida o "Original Post" (Facebook).
El presidente del PPD, Héctor Ferrer, solicitó públicamente la intervención de la Comisión de Derechos Civiles en el proceso de selección del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, ante la continua intromisión de personas externas al proceso.
“Durante todo el proceso ha habido presiones indebidas de personas como el secretario de la gobernación Marcos Rodríguez Emma y Carlos Romero Barceló, en la selección del nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico. Esta práctica no puede continuar ya que la selección del presidente de la UPR es trascendental para el país. Todos debemos luchar para que se cumpla con la autonomía universitaria”, sentenció Ferrer asegurando que no es la primera vez que allegados y asesores del gobernador Fortuño ejercen presiones indebidas.
La solicitud del Presidente Popular surge tras revelarse públicamente que José Ramón de la Torre, uno de los tres candidatos a presiente, ha recibido el apoyo de La Fortaleza y de líderes del PNP, como Romero Barceló y Rodríguez Emma. Este último sostuvo una reunión en La Fortaleza, en la que pidió a dos miembros de la Junta de Síndicos, Carlos Dávila y Agustín Cabrer, que respaldaran a De la Torre para presidente. Los otros dos candidatos son Ángeles Molina Iturrondo, decana de Educación del Recinto de Río Piedras; y el doctor Jorge Sánchez, catedrático del Recinto de Ciencias Médicas.
“Ningún gobierno puede jugar con la autonomía universitaria y mucho menos politizar nuestra educación”, subrayó Ferrer al tiempo que hizo otro llamado a los Síndicos a que revelen el contenido de las conversaciones con el liderato del PNP.
Si se piensa, se puede entender que no es posible atender a un adicto simplemente encerrándolo en una cárcel. Si se quiere tener éxito, hay que tratarlo de forma bio-psico-social. El adicto es un enfermo cuya condición de salud lo obliga a delinquir para poder obtener droga; no es un delincuente cuyo delito es ser adicto. La adicción es una condición crónica de salud. Es la sumisión irresistible, física y psicológica a una sustancia, escapando absolutamente del control del individuo y de la que no es capaz de liberarse voluntariamente. La adicción física y la adicción psicológica son, cada una de por sí, capaces de derrotar la mera voluntad del individuo.
En Puerto Rico se ha estado tratando al adicto, no como enfermo, sino como delincuente, sometiéndolo a dos tipos de reclusión: (1) encarcelándolo sin curarlo, lo que hace que cuando salga a la calle delinca nuevamente, pues sigue enfermo; o (2) en el mejor de los casos, poniéndolo en un hogar donde “rompe en frío” con su adicción física, pero no con la psicológica. Luego, como regla general, sufren recaídas cuando regresan al entorno social donde usaban la droga, estimulados por la correlación entre el “placer” que le provocaba el uso de la sustancia y el ambiente donde lo hacía.
La solución está en que el adicto se medique para que pueda romper tanto con la adicción física como con la psicológica y sea una persona funcional en nuestra sociedad, reduciendo la posibilidad de que delinca para saciar la “sumisión irresistible” a la droga. Se pueden utilizar los servicios de los hogares donde los ayudan a “romper en frío”, pero luego es necesario que sean medicados para que, a su regreso al ambiente que le fuera usual al uso de drogas, no se active su adicción psicológica y recaigan. Son medicamentos especializados. No se trata de vender drogas ilegales en las farmacias.
El gobernador Luis Fortuño ha manifestado que “toda decisión tiene que estar basada en la ciencia”. Para ayudar al Gobernador, nos dimos a la tarea de recopilar información científica para que su actuación pueda estar “basada en la ciencia”. El 17 de diciembre de 2009, le enviamos carta al Gobernador incluyéndole la copia de 14 estudios científicos y la bibliografía de 70 estudios adicionales. Entre ellos, estudios de Puerto Rico, los Estados Unidos y otros países, de los beneficios contra la criminalidad y el impacto positivo en las condiciones salubristas y sociales de las jurisdicciones donde se ha implantado. Incluimos también, un estudio de la Universidad de California, en Los Ángeles, que confirma que le saldría más económico al Gobierno implantar un enfoque salubrista, que el modelo actual. Además, le enviamos el Volumen 75, Núm. 4, de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, con más de 500 páginas de análisis de Derecho comparado, y dando cuenta en el texto de alrededor de 1,000 artículos adicionales.
Todos los hallazgos, sin excepción, favorecen la medicación de los adictos. Incluimos además el Proyecto de Ley del Senado 890, donde proponemos el enfoque salubrista para este problema. Al día de hoy no hemos recibido respuesta a nuestra carta.
Mientras la actual administración es mera observadora de la escalada en la incidencia criminal, el desespero colectivo ha llegado a pensar en activar nuevamente al ejército para que patrulle las calles; medida que fue implantada ya, y cuyo resultado duró tan poco como la activación misma.
Albert Einstein decía que “la insanidad es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo”. Es hora de que hagamos algo distinto si es que queremos un resultado diferente.
Mediquemos a los adictos para reducir la criminalidad y tener un mejor y más salubre entorno social. Lo opuesto, es insano.
El Representante popular Jorge Colberg Toro acusó hoy a la administración de Luis Fortuño de otorgar ilegalmente un total de $ 2,229,992.00 en 10 contratos a la compañía de publicidad KOIGC Corp para la campaña de publicidad “Puerto Rico Trabaja”, bajo un esquema ilegal que incluye: violaciones a los procedimientos de contratación con fondos federales, conflicto de intereses, favoritismo, despilfarro de fondos públicos, facturación doble e inclusive alteración de documentos públicos para justificar una transacción indebida de fondos federales.
Asimismo Colberg denunció que el dueño de la compañía agraciada, el señor Edwin Miranda, era uno de los principales publicistas de la campaña política del actual comisionado Residente Pedro Pierluisi y además es un conocido contribuyente económico tanto de Pierluisi como del gobernador Luis Fortuño mientras éste aspiraba al cargo de comisionado residente en Washington.
El legislador popular indicó que como este caso envuelve el uso indebido de fondos federales, solicitará por escrito una investigación formal a la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez y al Director del FBI, Luis Fraticelli.
Colberg denunció que el esquema ocurrió en el proceso de adjudicación de la contratación de la agencia KOIGC. Corp. para la campaña de publicidad “Puerto Rico Trabaja” bajo la oficina de la Corporación de Desarrollo Ocupacional. En el mismo, la empresa - que simultáneamente ofrecía asesoramiento en el Departamento del Trabajo la agencia sombrilla - sometió una propuesta para la subasta 14 días antes de que se publicaran los pliegos con los detalles de los requisitos para dicha contratación y posteriormente, se alteraron los contratos para dar la falsa impresión de que se habían radicado de conformidad a la reglamentación federal.
El legislador sostuvo que el proceso de selección se realizó violentando las reglamentaciones federales al alterar los procedimientos y sostuvo que la otorgación de los contratos millonarios se realizaron a la misma vez que ocurrían las dos rondas de despidos de 24,500 empleados públicos por alegada falta de recursos.
El Representante popular, quien entre el 2003 y 2004 presidió la Comisión de Integridad Pública de la Cámara de Representantes, hizo un recuento detallado del esquema denunciado y entregó a la prensa un extenso expediente de documentos relacionados a sus denuncias.
Colberg explicó que una vez la administración Fortuño asumió el poder, un mes más tarde, el 24 de febrero de 2009, el publicista de la campaña de Pierluisi, Edwin Miranda, incorpora una nueva empresa bajo el nombre KOIGC, Corp. la cual se registra como una empresa con fines de lucro para el desarrollo de campañas de publicidad.
La empresa se crea como una corporación íntima que significa que es de una sola persona y que esa persona es el único accionista. Según una certificación del Registro de Corporaciones del Departamento de Estado de Puerto Rico entregada a la prensa, el presidente y único accionista de KOIGC es el señor Edwin Miranda Reyes y su número corporativo es 187001.
Colberg explicó que el 30 de abril de 2009 se emite el certificado de “good standing” a la empresa KOIGC y seis días más tarde, el 5 de mayo de 2009, obtiene su primer contrato con el Departamento del Trabajo como consultor en comunicaciones. El primer contrato, que se extiende por sólo dos meses - mayo y junio de 2009 - es por la suma global de $16,200.00 a razón de $8,100.00 mensuales. Según el contrato número 2009-000505, el Presidente de KOIGC, podría factura a razón de entre $85 y $125 dólares la hora hasta un máximo de sesenta (60) horas y las horas adicionales se facturaría a razón de entre $75 y $175 dólares la hora.
Dicho contrato, que se utilizó como base para las transacciones futuras, establece que el consultor puede realizar - además de sus funciones de consultoría - campañas de publicidad por lo cual puede facturar de forma separada hasta un 15% adicional del monto total de pautas, autoriza a que la empresa facture igualmente otro 15% del total de subcontrataciones y puede solicitar reembolsos por gastos administrativos y operacionales sin límites establecidos.
Colberg señaló que este tipo de contrato sólo se otorga a agencias de publicidad grandes que ofrecen este tipo de servicio combinado por la cantidad de personal que ponen a disposición de la agencia pero no así una empresa recién fundada y mucho menos de una sola persona.
Según el contrato original, entre las funciones del consultor está asesorar en asuntos y estrategias de comunicaciones, planes de medios y manejo de crisis. El contrato establece además una coordinación directa con la Oficina Central de Comunicaciones de La Fortaleza.
El legislador popular señaló que una vez se otorgó ese primer contrato se inició un proceso expedito de otorgación consecutiva de otros 9 contratos adicionales para la campaña “Puerto Rico Trabaja” que en sólo seis meses ascendió a $2,229,992.00. Colberg dijo que la selección de KOIGC para esa campaña de publicidad se dio bajo un procedimiento separado de adjudicación que estuvo plagado de irregularidades y violaciones a las leyes federales.
Colberg explicó que en mayo del 2009, estando KOIGC bajo contrato, el Departamento del Trabajo y la CDORH decidieron organizar una campaña informativa para el primer grupo de empleados públicos que fueron cesanteados el 29 de mayo. A esos efectos, el sábado 6 de junio de 2009, el Consejo de Desarrollo Ocupacional publica en un periódico la convocatoria para la entrega de solicitud de propuestas para seleccionar la agencia de publicidad que llevará la campaña de medios pero en el mismo se mencionan diferentes convocatorias todas bajo la Ley WIA. En dicho anuncio no se ofrecen datos del contenido que deberán someter las propuestas o las Guías de Presentación.
Colberg dijo que el lunes 8 de junio de 2009, o sea el primer día laborable después de publicarse esa primera convocatoria, la empresa KOIGC Corp. radicó ante el Consejo su propuesta para la adjudicación del contrato, según se informa en el contrato de adjudicación.
“Esto resulta altamente sospechoso porque nadie puede creer que se publica la convocatoria el sábado 6 de junio y el lunes 8, el primer día laborable, la empresa KOIGC obtiene todos los documentos requeridos en las agencias, incluyendo certificaciones, estados financieros, plan de negocio, una resolución corporativa, certificación póliza del Fondo del Seguro del Estado, una declaración jurada, resumes actualizados de cada recurso que se utilizará y más importante aún, la propuesta en sí de cotización con estimados de costos, proyecciones, calendario de cumplimiento y más aún logran radicarla antes de las 5 de la tarde el mismo día. La pregunta es cómo esa empresa sabía todos los requisitos necesarios, documentos, certificaciones y los parámetros de la propuesta a someterse si el contenido de las Guías de Propuestas no se publicaron hasta un segundo anuncio publicado 10 día más tarde, el 18 de junio de 2009. Evidentemente hay sólo dos opciones: o aquí alguien tenía información privilegiada o simplemente esto fue un procedimiento pro forma porque ya estaba seleccionada la compañía de antemano.”, expresó Colberg.
El legislador popular explicó que a diferencia del gobierno de Puerto Rico, las contrataciones por servicios profesionales con fondos federales exigen procedimientos de licitación ciega de la misma forma que se realizan para las subastas formales, según dispone el Artículo VII del Procedimiento de Solicitud, Evaluación y Selección de Propuestas de Servicios del CDORH, que está fundamentado en el Reglamento Federal de Requisitos Administrativos Uniformes. Dicha reglamentación federal exige la preparación de unas Guías para la Preparación de las Propuestas para cada contratación por convocatoria. En el primer anuncio del 6 de junio no se incluyó ni las guías ni una dirección electrónica y tampoco se ofreció información específica sobre los requisitos para la otorgación de contratos de publicidad.
Colberg dijo que el proceso de adjudicación se complicó aún más porque 10 días más tarde de que KOIGC sometiera su propuesta, el jueves 18 de junio de 2009, el Consejo de Desarrollo Ocupacional se da cuenta del incumplimiento con las Reglas federales y procede a publicar un segundo anuncio de convocatoria en el cual por primera vez se hace referencia a las Guías de Preparación de Propuestas como exige la reglamentación federal. Estas, sin embargo, no se colocaron el la página de internet de la agencia hasta cuatro días más tarde, el lunes 22 de junio de 2009 a las 12:24 de la tarde, dejando solamente 6 días a los demás licitadores para presentar sus propuestas lo que constituye otra violación a la reglamentaciones federales que exige un mínimo de 10 días.
“Evidentemente ese segundo anunció fue un burdo intento de justificar el incumplimiento con las reglamentaciones federales pero en realidad todo apunta a que ese contrato ya estaba adjudicado de antemano a la empresa del publicista de Pierluisi y contribuyente de Fortuño. ”, afirmó el legislador del PPD.
Colberg dijo que finalmente se seleccionó a KOIGC y se le otorga el primer contrato de la campaña de publicidad “Puerto Rico Trabaja” por la suma global de $595,492.00. El representante popular indicó que en ese contrato se otorgaron unas asignaciones cuestionables y excesivas como por ejemplo $30,800.00 por inventarse el concepto de “Puerto Rico Trabaja”, $17,257.00 por la conferencia de prensa de lanzamiento que incluyó los comunicados de prensa, 13 pancartas, manteles y sonido; otros $44,000.00 por el diseño y contenido de página de internet, $13,000.00 por un sistema de telemarketing; $88,000.00 para reclutar artistas y personalidades para la campaña de medios y otros $7,250.00 para promociones especiales que no se especifican.
Colberg dijo que una vez la campaña comienza y se procede a desembolsar fondos públicos, el 14 de agosto de 2009, un mes después de adjudicarse el contrato, el Consejo de Desarrollo Ocupacional emite una enmienda al contrato anterior para la referencia al anuncio del 6 de junio de 2009 y establece que, contrario a lo expresado anteriormente la propuesta de KOIGC alegadamente se sometió el 29 de junio de 2009, ultimo día para radicar la propuesta, y no el 8 de junio de 2009 como se había señalado anteriormente. “Esto es evidente toda vez que era imposible que el licitador sometiera su propuesta antes de publicarse los requisitos y las Guías de Presentación de Propuestas.”, dijo el legislador
“Esta acción de crasa violación de ley es la aceptación y confesión de que se violentaron las normas y reglamentos federales y en vez de convocar un nuevo proceso de licitación, como lo exige la reglamentación federal, enmiendan el contrato, alteran las fechas a su discreción, cambian las reglas de licitación sin notificación y para colmo mantienen el contrato bajo los mismos términos y condiciones pretendiendo legalizar los desembolsos realizados pero de forma retroactiva. Por todo esto estamos solicitando una investigación formal de las autoridades federales y un explicación pública del gobernador Luis Fortuño”, señaló el legislador popular.
