El senador del Partido Popular Democrático, Jorge Suárez Cáceres, levantó serias interrogantes sobre la figura del comisionado residente Pedro Pierluisi, al presentar evidencia de más de $20,000 dólares en donativos a Comité Pierluisi, Inc. por parte de compañías navieras y de sus cabilderos con intereses en Puerto Rico.
Pedro Pierluisi no ha querido presentar legislación para eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje porque recibe dinero de los navieros y de sus cabilderos. A los navieros norteamericanos no les conviene que se abra el mercado de transporte marítimo a competencia porque saben que tendrán que reducir sus precios. Por eso le donaron tanto dinero a Pierluisi, para que se quede callado. Así de sencillo, sostuvo Suárez Cáceres en conferencia de prensa.
Informes de la Federal Election Commission (FEC), revelan que Pierluisi recibió donativos ascendentes a $20,500 dólares por parte de los Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) de compañías navieras que operan en Puerto Rico, como CROWLEY y Sea Star, en adición a los donativos realizados por una unión de marinos mercantes y varias firmas de consultoría y cabildeo vinculadas a los navieros.
Estas son las preguntas que todo el mundo se debe hacer. ¿Por qué Pierluisi no ha presentado legislación en el Congreso para eximirnos de las leyes de cabotaje? ¿Por qué se niega a tomar acción hasta que el GAO presente su informe, cuando todos los estudios serios ya realizados coinciden en que las leyes de cabotaje tienen un efecto adverso en el bolsillo de los puertorriqueños?, argumentó.
Refiriéndose a las consecuencias nefastas de la Ley Jones, Suárez dijo que los puertorriqueños estamos cansados de que los productos nos salgan más caros por culpa de leyes anacrónicas como esta. En vez de luchar por eximirnos de las leyes de cabotaje, Pedro Pierluisi se ha limitado a pedirle un estudio al GAO para comprar tiempo y decir que hizo algo. Mientras tanto, le acepta miles de dólares a los grandes intereses que ponen presión en el Congreso federal para perpetuar las leyes de cabotaje. Eso es un acto contradictorio e inmoral por parte del comisionado Pierluisi.
Estoy emplazando directamente a Pedro Pierluisi a que se deje de excusas y explique por qué ha preferido recibir dinero de los navieros, en vez de tomar acción para abaratar el costo de vida en Puerto Rico. Basta ya de esconderse detrás de excusas y respóndale al país con seriedad, concluyó el senador Suárez Cáceres.
Se estima que el costo de la Ley Jones para cada familia puertorriqueña es de aproximadamente $1,089.19 al año y que Puerto Rico se ahorraría hasta un 22.74% en diferencial de tarifas o lo equivalente a $1,318.28 millones si se nos exime de las Leyes de Cabotaje.
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