Ante denuncias del Representante Perelló sobre prácticas sospechosas para eliminar y privatizar agencias, la Cámara deja medida sobre la mesa

Ante denuncias del Representante Perelló sobre prácticas sospechosas para eliminar y privatizar agencias, la Cámara deja medida sobre la mesa
Publicado el 21 de agosto de 2009

El Representante popular Jaime Perelló Borrás denunció que la Rama Ejecutiva ha comenzado un plan de eliminación de agencias públicas sin que la Asamblea Legislativa haya aprobado la ley que viabiliza tal acción.

Perelló Borrás hizo la denuncia en pleno debate de la sesión cameral de ayer al percatarse de la intención de la mayoría legislativa del PNP de aprobar la Ley para Reorganizar y Modernizar la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico (P de la C 1644) cuando en realidad lo que dispone dicho estatuto ya ha comenzado ejecutarse.

El representante popular criticó a los representantes del PNP por actuar como sellos de goma del Gobernador Fortuño y para evidenciar el punto leyó copia de una carta oficial de la OGP enviadas a las agencias del gobierno en la que se instruye a actuar conforme a la referida Ley, con la dificultad de que dicha ley no ha sido aprobada y ayer, debido a la denuncia, se dejo sobre la mesa.

La medida busca crear un ente denominado Consejo para Modernizar la Rama Ejecutiva que podrá recomendar consolidación y/o eliminación de agencias; así como reubicar empleados, revisar sus funciones, liquidar o extinguir los contratos, préstamos, pagarés y demás clases de obligaciones sea cual fuere su alcance, entre otras disposiciones.

Además, dispone para que las recomendaciones sobre lo anterior se plasmen en un plan o planes de reorganización. No obstante, durante el debate Perelló Borrás llamó la atención a que esta legislación tiene disposiciones que parecen estar en contradicción con varios artículos de leyes aprobadas previamente, como la propia Ley 7.

Para trabajar con seriedad esta medida es obligatorio derogar la Ley 7 o por lo menos gran parte de la misma, indicó. El Proyecto de la Cámara 1644 fue tenazmente combatido por la delegación del PPD, que sometió sin éxito varias enmiendas para tratar de hacerlo lo menos malo posible. Algunas de las enmiendas fueron a los efectos de que se incluya un representante de la academia y experto en el área de gerencia gubernamental y dos representantes del sector laboral en representación de las agencias y las corporaciones públicas en el comité que se pretende crear.

Mientras la mayoría legislativa nuevamente es llevada al matadero de la credibilidad, ya el Ejecutivo a sabiendas de que tiene un sello de goma en la Legislatura, inició hace semanas la ejecución del plan que aún no ha sido autorizado aquí, reiteró Perelló Borrás.

Podemos aceptar el inicio de un proceso de introspección del aparato gubernamental como una medida que es necesaria, pero no podemos permitir el análisis de esta medida en el vacío y alejada de los proyectos de administración que la han antecedido, advirtió.

Se refirió, por ejemplo, a:

* La Ley Número 1 que le otorgó $4 billones al Gobernador para disponer a su entera discreción.
* La Ley Número 2 que dejó sin efecto por dos años la parte de la Ley de Reforma Fiscal que impedía utilizar préstamos o cualquier mecanismo de deuda para financiar gastos operacionales.
* La Ley Número 4 que le aumentó a $200 millones la cantidad de dinero que el Gobernador puede coger prestado al BGF sin aprobación de la Asamblea Legislativa.

Todas se sometieron el 12 de enero y se aprobaron sin análisis en vistas públicas dos días después, el 14 de enero. La Ley 7, por su parte, se presentó el 4 de marzo y se aprobó sin vistas públicas el 9 de marzo. Las Alianzas Público Privadas (APP), luego de un show en la opinión pública tanto por parte del Senado como de la Cámara, también se aprobó con defectos y con amplias concesiones que viabilizan la privatización de agencias, el despido de más empleados públicos y con la eliminación de prerrogativas de la Asamblea Legislativa para salvaguardar el interés público.

En su turno de debate, Perelló Borrás recordó que el Ejecutivo por sí solo no tiene el poder constitucional de eliminar ni consolidar agencias. Para eso necesita la aprobación legislativa. Por lo tanto, con este proyecto se crea el puente para que el Gobernador complete su plan de privatización y entren en funciones las APP. Si realmente hubiese una buena intención con esta medida, lo lógico es que fuera la primera medida en una agenda real de mejoramiento del servicio público, pero la realidad es que no lo es. Esta medida es el eslabón perdido en toda la política de privatización del Gobierno de Fortuño, afirmó.

El portavoz popular en la Comisión de Gobierno dijo que la primera fase del plan de privatización de Fortuño comenzó con:

* Eliminar los derechos laborales adquiridos
* Despedir a más de 30 mil padres y madres de familia,
* Tener más de $7 billones para uso indiscriminado del Ejecutivo para transferir a intereses privados agencias sin deuda y sin compromisos económicos.

¿Qué faltaba? ¿Cuál era el eslabón perdido?, cuestionó. Crear el mecanismo con sus sumisos y obedientes legisladores para viabilizar el proceso de eliminar agencias y botar otros miles de empleados públicos con el manto de la legalidad inmoral de las Leyes 1, 2, 4, 7 y de las APP, que ya sabemos que se aprobaron con la finalidad de hacer a algunos más ricos y al pueblo trabajador más pobre, concluyó Perelló Borrás.

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