Representantes Perelló Borrás y Carmen Yulín recurren al Tribunal Supremo para que se obligue a la OGP a entregar información pública

Representantes Perelló Borrás y Carmen Yulín recurren al Tribunal Supremo para que se obligue a la OGP a entregar información pública
Publicado el 17 de noviembre de 2009

Los representantes del Partido Popular Jaime Perelló Borrás y Carmen Yulín Cruz Soto acudieron ante el Tribunal Supremo con una solicitud de Certiorari para que se obligue a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a suministrar información pública que han estado solicitando por más de ocho meses.

Es nuestra posición que como ciudadanos y legisladores en representación del pueblo tenemos derecho a conocer la información que ha recopilado esta administración y la cuál ha sido la base para el despido de miles de empleados públicos y para la privatización de servicios. Ningún funcionario público debe temer a la verdad. El derecho a la información es un principio básico en las democracias, dijeron los legisladores en una declaración conjunta.

La solicitud al Supremo surge en respuesta al No ha lugar que expidió el Tribunal de Apelaciones cuando los legisladores le solicitaron a ese foro que reconsiderara su sentencia del 27 de agosto de este año revocando al Tribunal de Primera Instancia, que había resuelto que la Directora Ejecutiva de la OGP tenía que cumplir con el requerimiento de información y entregarla en un término de diez días.

En el documento legal de 20 páginas, al cual fueron anejados 500 páginas en documentos de apoyo, los representantes Perelló Borrás y Carmen Yulín Cruz Soto sostienen que el Tribunal Apelativo erró al concluir que los demandantes no habían agotados los remedios de solicitud de la información antes de acudir al Tribunal de Primera Instancia y que también erró al determinar que no hicieron el pedido como ciudadanos particulares.

Ambos representantes han requerido en diversas instancias datos precisos sobre las solicitudes que han hecho las agencias del Gobierno de Puerto Rico para que se les autorice la creación de nuevos puestos, para llenar vacantes y sobre los informes que se supone que tienen que rendir las agencias sobre los puestos de confianza eliminados y el ahorro que esto les representa y sobre la reducción o aumento en sus gastos operacionales; y que se certifique el déficit.

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