El Senador Eder Ortiz Ortiz y el Representante Jaime Perelló Borras enviaron misivas a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Oficina del Contralor y al Departamento de Justicia en las que le solicitan su intervención con el Director de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), Julio Alicea, debido a los recientes señalamientos hechos por la Comisión Senatorial de Banca y Asuntos del Consumidor.
Ortiz indicó que según las denuncias, Alicea recibió el pasado 19 de febrero un cheque por más de 12 mil dólares, por concepto 254.5 horas de vacaciones regulares en exceso transferidas de su anterior trabajo en el municipio de San Juan.
“Las agencias encargadas del cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen a todos los servidores públicos, tienen que tomar acción con un funcionario que a todas luces, según los datos de la misma ACAA, se ha beneficiado de procesos irregulares. Peor aún, mientras lo hacia, despedÃa a 70 padres y madres de familia, es una falta de respeto de marca mayor”, manifestó el Senador.
Por su parte del Representante Perello señaló que “por un lado nuestros maestros son obligados a abandonar el salón de clases y los mandan a agotar sus dÃas de enfermedad por la aplicación de la nefasta ley 7 que les impide cobrarlos. Mientras, jefes de agencias o corporaciones, como Alicea en ACAA, y su personal de confianza se agencian miles de dólares utilizando sus puestos para beneficiarse inmoralmente, a la vez que dejan a cientos de empleados públicos en la calle por la supuesta crisis fiscal".
Los datos obtenidos hasta el momento indican que Alicea no podÃa hacer una transacción como la que hizo, debido a que no contaba con al menos un año en ACAA, lo que representarÃa un acto ilegal de apropiación de fondos públicos.
Otro aspecto en cuestionamiento es la cantidad del pago realizado (12, 529), ya que de los documentos surge que el monto del pago que debÃa recibir por lo acumulado en el municipio era de unos 8 mil dólares. “Aquà se están transfiriendo 4 mil dólares de fondos públicos que debieron haber sido utilizados para servicios a la ciudadanÃa, para dárselos a un funcionario al que no le corresponden. En cambio, a servidores públicos sacrificados, no se les permite hacer transacciones como esa, teniendo derecho a ellas. Aquà hay muchas interrogantes, las agencias que se supone fiscalicen las actuaciones de los servidores públicos, tienen que cumplir con su responsabilidad”, sentenció el Senador.
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