El Representante Víctor Vassallo Anadón en compañía de los legisladores, Jaime Perelló Borras y José Pito Torres, hizo el anuncio de la radicación de una querella en la Oficina del Contralor y en la Oficina de Ética Gubernamental contra el Administrador de la Ciudad de Ponce, Arturo Picó Valls por cometer delitos de Malversación de Fondos Públicos, Influencias indebidas, una violación a la Ley de Ética Gubernamental.
Vassallo Anadón indicó que Picó cometió los delitos al enviar a empleados municipales durante horas laborables, con vehículos y equipos del Municipio a realizar trabajos de limpiezas en varias propiedades pertenecientes al padre del Administrador.
Estos tres empleados municipales coincidieron en un recogido de escombros el pasado 9 de julio donde recibieron instrucciones por parte de Melvin Rosado y Francisco Nieves. Rosado les dijo que se presentaran a trabajar a un local en la Avenida Hostos núm. 1204 para recoger unos escombros. Ellos coinciden en que se utilizó vehículos y equipos municipales y mientras recogían el local se enteraron que el local es propiedad del padre del Administrador. Tanto Arturo Picó como su padre, se presentaron en el área a supervisar las labores realizadas en la propiedad, dijo Vassallo.
El legislador del Distrito #25, Ponce-Jayuya narró además como en otras fechas realizaron otras labores de limpiezas en otra propiedad del progenitor del Administrador.
La segunda semana de abril del 2010, también se ejecutó un recogido de escombros en un solar ubicado en la Calle Salud, propiedad del padre de Arturo Picó. Mientras, que otro recogido de escombros se llevó a cabo en la Carretera 503 km 3.1 del Barrio Tibes en Ponce, propiedad del Administrador, indicó.
Vassallo sostuvo que los empleados municipales implicados, Víctor Manuel Soto Adames, Miguel Ángel Santiago Santiago y José Alfredo Alameda Vargas presentaron declaraciones juradas sobre los serios incidentes a través de los cuales se configuró la comisión por parte de Picó Valls.
En otro suceso, Melvin Rosado y Ramón Colón le pidieron a Alameda Vargas que los acompañaran al negocio Omeca Recycling, donde hicieron venta de metales con el camión del municipio y donde le dieron al empleado implicado un cheque por $160.00 que posteriormente se le entregó a Rosado cambiado en efectivo, todo esto con la promesa de mantenerle el empleo, sostuvo el Representante Vassallo.
Pero, luego de estos sucesos, el legislador reveló que Alameda Vargas fue despedido. Mientras que, Víctor Manuel Soto Adames al igual que Miguel Ángel Santiago fueron enviados de vacaciones hasta el 2012 para agotar su tiempo compensatorio, contrario a la Ordenanza Municipal 26 de 1994-1995 y los estatutos federales vigentes que exigen la paga del exceso de 240 horas del tiempo extra acumulado.
Por su parte Perelló Borras emplazó a la Alcaldesa María Meléndez a realizar con diligencia y premura la investigación de estos sucesos, pero que sobre todo les haga justicia a estos humildes empleados municipales que necesitan ganarse el pan para el sustento de sus familias.
En estos tiempos se espera que los funcionarios públicos sean ejemplo de transparencia y sana administración. Utilizar su puesto para beneficio personal es intolerable y debe ser castigado rigurosamente. Quien actúa abusando de la confianza del pueblo para su propio beneficio, no merece trabajar en el gobierno y levanta serios cuestionamientos de sus valores e integridad. Pero si la alcaldesa no actúa con presteza, su inacción y silencio serán muestra de la complicidad de los actos de corrupción de uno de sus más allegados colaboradores y el más alto funcionario de confianza en su administración. Sin duda, Ponce no merece ni tolera el mal uso de sus recursos, ni la corrupción ni la ilegalidad que aquí se hace evidente, dijo.
En tanto, el legislador Torres Ramirez, emplazó a la legislatura a darle paso a la investigación, solicitada mediante Resolución de la Cámara por Vassallo Anadón.
Claramente y según los testimonios presentados por los empleados municipales, la Administración Municipal ha violado el Código de Ética al utilizar equipo del municipio en beneficio del SR Picó. Además se ha cometido el delito de Malversación de Fondos y el de Influencias indebidas según tipificados en el Código Penal. Es necesario que la Asamblea Legislativa investigue hasta la saciedad estas graves alegaciones hechas por los empleados municipales y no se haga de la vista larga. Nadie está por encima de la ley, dijo.
El Artículo 6, Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.
Por último, Vassallo Anadón le solicitó a la Alcaldesa de Ponce María Meléndez Altieri que ejecute su responsabilidad y destituya del puesto de Administrador de la ciudad, a Arturo Picó.
Si realmente ella quiere tener un Gobierno de Acción, Progreso y Transparencia como se la pasa vociferando por todos los medios, le pido respetuosamente a que despida inmediatamente o que le pida la renuncia al Sr. Picó. De lo contrario está dando a demostrar con su silencio que respalda y apoya que sus empleados de confianza estén por la libre y a costas del pueblo, beneficiándose del poder y violando la ley de una manera descarada, finalizó.
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