(San Juan, Puerto Rico- 24 de marzo de 2011) Los senadores del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago y Cirilo Tirado Rivera, aseguraron que el proyecto que pretende reformar la Ley de Ética, es un aguaje más del gobernador Luis Fortuño, para dar la impresión de que es intolerante ante la corrupción. Sin embargo, las acciones del Gobernador durante su vida pública, demuestran su flexibilidad ante los actos de corrupción de su partido.
Enviar un proyecto para reformar la Ley de Ética, es un acto de hipocresía de Fortuño. El Gobernador ha anunciado con mucha fanfarria la pronta presentación de un nuevo Código de Ética, pero le tenemos que recordar a Fortuño que la ética y la moral no se predican ni se pregonan. La ética se vive con las acciones y actuaciones. Su historial es la mejor muestra de la gran farsa que este proyecto representará. Por un lado, tratará de lavarse la cara con esta medida, pero por otro lado, continuará siendo leniente con los que le fallan al pueblo, advirtió Dalmau Santiago.
Asimismo, Tirado Rivera aseguró que el nombramiento como director auxiliar del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental, Juan Cotto Vives, un convicto federal, epresenta la hipocresía de esta administración a su máxima expresión. Si Fortuño de verdad tiene un compromiso genuino con atajar la corrupción, debe solicitar la destitución inmediata de esta persona.
Dalmau Santiago, recordó que la primera actuación de Fortuño, como director de la Compañía de Turismo en enero de 1993, fue otorgarle un jugoso contrato al Bufete McConnell-Valdés con el cual laboró y formó parte hasta el momento que asumió las riendas de Turismo. Los contratos fueron paralizados por orden de La Fortaleza.
Asimismo, señaló el deplorable esquema de dudosa legitimidad denominado Empresarios con Rosselló, donde se utilizaban reuniones con jefes de agencias para allegar donativos al PNP. Curiosamente unos de los más solicitados en estas reuniones lo era el Director de Turismo en el 1994, el hoy gobernador Luis Fortuño.
Las acciones de Fortuño durante la administración de Pedro Rosselló incluyeron la venta del Hotel Mayaguez Hilton a un grupo de inversionistas que semanas antes de la transacción de compraventa habían realizado una actividad de recaudación de fondos a Rosselló por $100 mil. Como secretario de Desarrollo Económico, Fortuño defendió la transacción y no vio nada irregular en hacer la compraventa luego de la actividad de recaudación de fondos. Además, mientras se desempeñaba como Secretario de Desarrollo Económico se dio la venta del predio donde se desarrolló La Torre del Milenio en Puerta de Tierra a un reconocido inversionista en el esquema de Empresarios con Rosselló, quien pagó un precio muy por debajo al valor de la propiedad, sentenció Dalmau Santiago.
El Portavoz expresó que la más reciente manifestación del conflicto ético que vemos bajo la administración Fortuño, es la seria imputación contra la Administradora del Fondo del Seguro del Estado, quién admitió que ella solicita donativos para el PNP a los proveedores y contratistas de la agencia que dirige. A pesar de que esta situación violenta los más elementales principios de sana administración pública, la Administradora y el Secretario de Gobernación justificaron esta petición indebida de donativos como algo rutinario en el quehacer gubernamental, y Fortuño no hizo nada.
Por su parte, Tirado Rivera denunció los cuestionables ingresos de la sociedad de gananciales por concepto de la lucrativa práctica de notaria de la familia Fortuño. Esta situación presenta claros vicios de moralidad cuando vemos que se han incrementado marcadamente los ingresos de la sociedad de gananciales de la primera familia por concepto de la práctica notarial con unas entidades bancarias que obviamente se han beneficiado de múltiples leyes impulsadas desde La Fortaleza. Podrá defenderse esta lucrativa práctica notarial desde un punto de vista legal, pero es de cuestionable moralidad para el pueblo.
Tirado Rivera dijo que la trayectoria de Fortuño como funcionario público también incluye que fue miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos entre el 1993 al 1996, la cual evaluó y aprobó múltiples transacciones de dudosa legalidad, algunas de las cuales culminaron con acusaciones por actos de corrupción. Uno de los casos fue la transacción relacionada con unos terrenos de Puertos para un proyecto denominado Tropical Acres que fueron vendidos a Freddie Valentín. Valentín fue convicto en el foro federal por soborno y venta de influencias en esta transacción. Otro caso fue la acusación contra Francisco Rovira (subdirector de Puertos) por actos de corrupción, incluyendo unas reparaciones a edificaciones que fueron evaluadas por la Junta de Directores. Otros casos estaban relacionados con la condonación de deudas millonarias a allegados del PNP o activos participantes en el esquema de Empresarios con Rosselló, tales como $8 millones a la Caribbean Airport Facilities, $1.8 millones a la Zip Travel/SMT (propiedad de los Dubón) y $600 mil a Telefónica Hispanoamericana (propiedad de Andrés Romero).
Vemos la extrema tolerancia de Fortuño para ignorar o justificar aquellas actuaciones que claramente son antiética o inmorales. Es por esta extrema tolerancia a confundir la legítima función pública con sus agendas políticas o personales que bajo el gobierno de Rosselló hubo sobre 40 funcionarios públicos, funcionarios electos bajo el PNP y funcionarios allegados al PNP que fueron acusados o convictos por actos de corrupción. La ética y la moral no se pregonan, se viven con la constante actuación correcta y vertical. Este proyecto para reformar la Ley de Ética, será más de los mismo, un gobierno que tolera la corrupción y no tiene la capacidad moral para enfrentar a los corruptos, sentenciaron.
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