Solicitó detalles sobre impacto en pacientes, municipios, industrias, compra de medicamentos, UPR y razones para aumentar dinero asignado a pago de deuda

7 de marzo de 2017- San Juan- El representante popular, Jesus Manuel Ortiz, solicitó mediante carta al gobernador Ricardo Rosselló información no contenida en el plan fiscal entregado a la Junta de Supervision Fiscal, (JSF), pero importante para la confección del mismo. La solicitud de Ortiz incluye datos sobre las industrias impactadas con la eliminación de 100 millones en incentivos, los servicios médicos opcionales en los que el Plan de Salud del Gobierno invierte más recursos, la forma en que van a lograr los ahorros en la compra de medicamentos sin afectar a los pacientes, las medidas evaluadas para el propuesto aumento de 426 millones en impuestos municipales, y el futuro del contenido de los decretos contributivos existentes y prospectivos de empresas que actualmente hacen negocios en Puerto Rico. En la misiva el representante solicita además, datos que sustenten cómo se beneficia el país con el recorte de 300 millones en la UPR mientras al mismo tiempo destinan para el pago de la deuda 400 millones más de que lo recomendado por la JSF.

“El plan fiscal de la actual administración está basado en proyecciones cuestionables y en datos poco certeros. Los mensajes contradictorios del gobierno hacen necesario que el país tenga conocimiento sobre los supuestos económicos utilizados para la confección de dicho plan. El gobernador tiene que explicar cuales serían los sectores más afectados con sus propuestas, como se afectarían los pacientes con los recortes en el sistema de salud, como el gobierno implementará las medidas de ahorro en la compra de medicamentos, como podrían afectarse agricultores, empresarios, deportistas y organizaciones sin fines de lucro con la eliminación de 100 millones en incentivos, su plan para que los municipios recauden 426 millones adicionales y los datos que demuestren la operacionalidad de la UPR con un recorte de 300 millones. 

Pero sin duda, el gobernador tiene que explicar además la razón por la cual su plan asigna más dinero para el pago de la deuda, mientras se hacen recortes que afectan directamente a los sectores mas vulnerables”, manifestó Ortíz. 

El pasado 13 de febrero de 2017, el representante le cursó una primera carta al gobernador Rosselló en la que solicita copia de todos los informes, comunicaciones, estudios y memorandos de consultores, incluyendo, pero sin limitarse a asesores o analistas financieros, donde se detallen todas las iniciativas, escenarios y propuestas que fueron utilizadas por su equipo económico y fiscal para modelar los posibles escenarios para la confección del plan fiscal. En dicha comunicación le solicitó la entrega de cualquier recomendación general o especifica que haya recibido y que fuera considerada por su equipo fiscal, que redunde en la reducción de asignaciones presupuestarias o afecte la financiación de programas y entidades públicas, así como cualquier documento que contenga escenarios alternos a los números base de ingresos y gastos o proyecciones de estos.

El ex Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza indicó en la misiva que la Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia vigente son claras sobre el derecho de los ciudadanos, y muy particularmente de los miembros de la Asamblea Legislativa, de obtener acceso a todos los documentos que soliciten y que no estén cubiertos por un manto de confidencialidad según las restricciones ya determinadas por nuestros tribunales.

“En la Orden Ejecutiva 2017-10 que usted firmó el pasado mes de enero hizo un compromiso público de garantizar un gobierno transparente y accesible. Sobre el propósito de esa Orden Ejecutiva señalo usted: “Esto nos permitirá seguir recuperando la credibilidad perdida y viabilizar el ejercicio de los importantes derechos constitucionales de acceso a la información y libertad de expresión“. Espero que honre dicho compromiso y le adelanto que agotaremos todos los remedios legales que nos permita el estado de derecho vigente para hacer valer nuestro derecho”, sentenció el legislador.

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