La senadora popular Rossana López León solicitó formalmente hoy al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, Lcdo. José Carrión III, que divulgue todos los estudios, modelos, estimados financieros y cualquier documento de trabajo que haya sometido el gobierno de Puerto Rico para calcular las proyecciones de recaudos y ahorros debido a las profundas contradicciones y el descuadre presentado en el plan fiscal.

Igualmente, la legisladora del PPD indicó que la Junta de Supervisión Fiscal también debe presentar sus propios estimados y explicar detalladamente a cuánto asciende las diferencias y en qué partidas se encuentran las mismas, de forma que el país conozca claramente cuáles serán las consecuencias de las medidas de recortes que se estudian al presente. 

“Ante la negativa del gobernador Ricardo Rosselló de divulgar los estimados de proyecciones de sus recortes y explicar cómo llegó a los números presentados, hoy vuelvo a solicitarle la divulgación de todos los estudios, modelos de proyección de recaudos, estimados presupuestarios y reformas fiscales de forma que el país conozca de dónde salen los números que están presentado los cuales varían todas las semanas.”, expresó López León.

La dirigente popular adelantó además, que si el gobernador continúa ignorando la solicitud, entonces buscará que la misma se atienda en los tribunales. A su vez añadió que el recurso legal incluirá a la Rama Legislativa toda vez que la mayoría parlamentaria se ha negado a tramitar la solicitud de documentos e información requerida por parte de las de las minorías parlamentarias a las agencias del gobierno.

La legisladora del PPD recordó que existe amplia jurisprudencia sobre el derecho de obtener información de las minorías parlamentarias y en el caso de la Junta de Supervisión Fiscal, el propio Reglamento de la JSF en su Artículo 11.3 dispone la divulgación mandatoria de documentos los cuales – a juicio de la senadora – ha sido extremadamente limitados.

En torno a la Junta de Supervisión Fiscal, la senadora expresó que “esa misma ausencia de transparencia la tenemos presente en la Junta de Supervisión Fiscal quienes, al día de hoy, no han explicado detalladamente a cuánto ascienden sus estimados de recortes y las razones para proyectar modelos de contracción económica.”, expresó. 

La legisladora del PPD recordó que existe amplia jurisprudencia sobre el derecho de obtener información de las minorías parlamentarias, y en el caso de la Junta de Supervisión Fiscal, el propio Reglamento de la JSF en su Artículo 11.3 dispone la divulgación mandatoria de documentos los cuales – a juicio de la senadora – ha sido extremadamente limitados.

López León explicó que uno de los problemas fundamentales sobre la ausencia de escenarios fiscales certeros, es el hecho de que no se han proyectado los números específicos para la operación del gobierno de Puerto Rico  – que al presente asciende $8,987 millones – y  las fechas de vencimiento del pago del servicio de la deuda.

La senadora explicó que para el año fiscal corriente 2016-17, el total del pago de la deuda pendiente asciende a $3,414 millones de los cuales unos $1,300 millones aproximadamente corresponden a las obligaciones generales del gobierno. Estos son recursos adicionales que habría que identificar.

Para el próximo año fiscal, es decir el 2017-18, el total a pagar es de $3,278 millones adicionales, el año fiscal 2018-19 sube a $3,867 millones y para el año fiscal 2019-20, el pago de la deuda asciende a $3,468 millones.

“Estas cifras representan sobre $3,000 millones adicionales cada año de los cuales unos $1,600 millones son obligaciones que tienen que honrarse de los recursos del fondo general. Estas cifras contienen, además, la necesidad del pago de unos $167 millones todos los años para el sistema de retiro que tienen que ser la prioridad en cualquier escenario. Lamentablemente, todavía es la hora que el gobierno no ha expresado como va a proteger las pensiones y la seguridad de empleo si a la misma vez pretende aumentar el pago a los bonistas.”, expresó la senadora popular.

La legisladora del PPD añadió que la deuda que depende del fondo general son las obligaciones generales pero señaló que existen algunas, como la deuda de la UPR y la Autoridad de Edificios Públicos que están garantizadas con el fondo general, lo que significa que en caso de insolvencia, el gobierno central tendría que responde por esas deudas lo que agravaría aún más la situación fiscal del país.

“La precaria situación financiera requiere certeza en el análisis y decisiones ponderadas. Resulta improcedente que sea el propio gobierno el que se ponga una camisa de fuerza al plantear que se va a pagar $1,200 millones del pago de la deuda, cifra que representa $400 millones más de lo que pidió la Junta de Supervisión Fiscal. Ese pago constituye un acto de profunda irresponsabilidad porque pone en peligro la estabilidad del gobierno y de los retirados. Es hora que se presenten los números y se establezcan las prioridades claras.”, expresó finalmente López León.

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