El Nuevo Día-
El plebiscito tan efusivamente anunciado como el primero con aval federal finalmente se celebró sin ese aval. El precio a pagar por los estadistas al no haberlo conseguido es altísimo. Su 97% no vale nada.
El Congreso lo que perseguía al querer involucrar al Departamento de Justicia era lograr un proceso imparcial y confiable que revelara la verdadera preferencia de status de los puertorriqueños. Por tanto, al omitir al Estado Libre Asociado en la legislación original era predecible que Justicia objetara.
Justicia dijo en su carta que tenían que incluir al current territorial status porque entre 2012 y ahora las preferencias de status pueden haber cambiado y ese status pudiese hoy superar a la estadidad.
El Partido Nuevo Progresista se enojó y se limitó a añadir una columna que intituló “Actual Status Territorial” y dio por cumplido el reclamo de Justicia. Pero eso no cumplía. Para cumplir tenían que hacer tres cosas que no hicieron.
Primero, tenían que remover todo reclamo en la ley, en la papeleta y en los anuncios, de que el plebiscito era para la descolonización inmediata de Puerto Rico. Al Justicia exigir que incluyeran al ELA se sobreentiende que lo tenían hacer de forma imparcial. Pero por “descolonización” la ley se refiere a la sustitución del ELA por la estadidad o la independencia. Por tanto, al invitar a la descolonización en el bombardeo publicitario oficial y en el título mismo de la papeleta, los materiales plebiscitarios estaban inaceptablemente parcializados en contra de la opción ELA.
Segundo, tenían que poner una definición del ELA adecuada. No lo fue ni en contenido ni en tono. La definición se limitó a una mención, en melodía de poderes plenarios, de la cláusula territorial. No hizo referencia al proceso constitucional de 1952 que es el atributo más distintivo del ELA.
El Tribunal Supremo dijo en Sánchez Vallenew political entity. Como aquí no ha habido cambio de status desde 1952, el current territorial status que mandó a poner Justicia tenía que ser ese new political entity. Los poderes federales en torno a Puerto Rico están situados en la cláusula territorial desde antes de 1952. Por tanto, limitar una definición a rasgos que predatan al ELA sin incluir las características constitutivas de ese new political entity con omisiones graves.
Tercero, tenían que llamarlo por su nombre: Estado Libre Asociado. Los nombres en las papeletas son para denominar las opciones de la manera más clara posible de forma que el elector común y corriente pueda fácilmente identificar su opción de preferencia. Nadie puede seriamente negar que la forma más clara de facilitar a un elector identificar la opción de ELA es usando el nombre por el cual se le ha conocido por 65 años.
Estas deficiencias provocaron un llamado evidentemente justificado al boicot de los estadolibristas.
Irónicamente, el que la estadidad sacara más del 97% de los votos lo que demuestra sin espacio a duda es que todos los estadolibristas siguieron la recomendación de su partido. Asombra la disciplina de ese elector. En 1998 el liderato pidió que fueran por la quinta columna y todos así hicieron. Ahora le pidieron que no votaran y así fue. El PNP no puede decir lo mismo.
Volvamos entonces a lo que quería averiguar el Congreso al pedir que Justicia certificara la papeleta: ¿en un proceso imparcial, cuál saca más votos: la estadidad o el ELA? Este embeleco de ayer no permite saberlo con certeza pero nos sugiere que la estadidad anda mal. Por algo será que Rosselló no quiso darle tiempo a Justicia.