Los representantes Lydia Méndez Silva y Jesús Manuel Ortiz reclamaron al gobernador que explique el nuevo golpe a la clase trabajadora y sectores indigentes 14 de agosto de 2017- San Juan- Los representantes populares Jesús Manuel Ortiz González y Lydia Méndez Silva, miembros de la Comisión de Salud, emplazaron hoy al gobernador Ricardo Rosselló a que explique cómo las acciones de su Plan Fiscal y el nuevo sistema de evaluación de elegibilidad en Mi Salud han provocado una disminución de beneficiarios en el plan de salud del gobierno. Los legisladores fueron enfáticos al resaltar que a pesar de que el gobernador prometió incluir a 50 mil personas en dicho en el Plan de Salud del Gobierno, hoy conocemos que en los pasados dos meses, ya 30 mil personas han perdido la cobertura de Mi Salud.
“Estamos ante otra instancia donde el gobernador Rosselló dice una cosa y hace otra. En su mensaje ante la legislatura aseguró que incluiría 50 mil beneficiarios al plan y sin embargo sus acciones ya han provocado la salida de 30 mil personas de Mi Salud. El gobernador tiene que explicarle al país como las acciones de su Plan Fiscal ya han tenido este resultado sobre la vida de miles de familias. No olvidemos que el Plan Fiscal del gobernador incluye un recorte de 700 millones en servicios de salud, incluyendo medicamentos, de los cuales ya se aplicaron 100 este año. Le corresponde al gobernador hablarle claro al País”, manifestó Ortiz González.
Por su parte Méndez Silva, portavoz de la delegación popular en la Comisión de Salud, indicó que “reconocemos la importancia de la fiscalización y la utilización adecuada de los servicios del sistema de salud gubernamental y que las personas que reciban dichos beneficios realmente cualifiquen para los mismos. No obstante, nos preocupa que la implantación del nuevo sistema de evaluación de elegibilidad en el Plan de “Mi Salud” no tome en consideración los perfiles de las condiciones de salud que padecen los solicitantes o beneficiarios del Plan de Salud y se tome únicamente como una medida de carácter económico para reducir los costos operacionales del sistema de salud gubernamental”, indicó la representante.
Los representantes catalogaron la salida de estos beneficiarios como una contradicción más de la administración Rosselló y la falta de transparencia sobre los procesos utilizados que culmina con resultados adversos para la gente mientras el gobierno continúa implementando políticas de recortes y reducción de servicios a la ciudadanía y máxime de la salud de la gente.