El ciudadano Enrique Quiles Colón, de 78 años de edad y residente en el centro urbano de Naranjito, hizo pública una declaración jurada donde asegura que Flordelis Nieves, oficial del Programa Plan 8 del Municipio, solicitó ilegalmente voto adelantado a nombre de él, le llevó las papeletas y lo obligó a votar por el alcalde novoprogresista Orlando Ortiz Chevres.
“Ella firmó por mi, me dijo que si no votaba por el alcalde iba a perder el derecho del Plan 8. Luego ella se llevó las papeletas”, señala Quiles Colón. “Al día siguiente me negaron el desayuno y me dijeron que ya no no era bienvenido en esa oficina de servicios”, reza la declaración jurada con fecha del 30 de octubre de 2020 ante notario público.
El perjudicado señaló además que sometió, el pasado 28 de octubre, una querella ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico, ante el Agente Meléndez, placa 37751. La misma es 2024-7-154-3089.
Ante este nuevo señalamiento, el candidato popular a a la alcaldía de Naranjito, Julián Crespo López, hizo un llamado a las autoridades locales y federales sobre lo que llamó “un plan orquestado por el alcalde y su equipo de confianza para cometer fraude electoral. Aquí no estamos hablando de alegaciones, es una declaración jurada que se suma a la otra sometida al Tribunal de Bayamón por Carmen M. Cotto Rodríguez”.
En este caso, Cotto Rodríguez, paciente de cáncer, juramentó que el alcalde Ortiz la buscó a su casa para votar en la primaria del 2 de junio pasado, y al llegar al centro de votación, ella votó a favor de Jenniffer González en la primaria a la gobernación del PNP. “El alcalde al percatarse que emití mi voto a favor de Jenniffer González Colón, me arrebató de las manos mi papeleta y la destruyó”, relató la mujer en la declaración jurada tomada el 24 de septiembre.
Relató que Ortiz Chevres sacó otra papeleta y votó por Pedro Pierluisi. Según la mujer, el alcalde intimidó a Richard García Matos, cuidador de la querellante, indicándole que “yo espero que tu sepas por quien votar”.
El Código Electoral de Puerto Rico dispone en su artículo 12.3, relacionado a la obstrucción del voto de los electores, que se sanciona esta conducta con penas cárcel de ente uno y tres años y multas de hasta $5,000. Más fuerte aún es el artículo 12.6 que señala la penalidad fija de cárcel de 8 años por alteración documentos electorales. “Mi llamado a las autoridades locales y federales es que tomen acción ante estos casos de gente humilde, donde se están aprovechando de su vulnerabilidad para perpetrar fraude electoral”, finalizó el candidato popular a la alcaldía naranjiteña.
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